Después de que policías federales, estatales y ministeriales, así como
guaruras de uno de los jefes policíacos, agredieran en la Autopista del Sol, a
la altura de Chilpancingo, a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la lucha de éstos se expresa en una serie de
acciones tanto en el estado suriano como en otras partes de la República. Los
normalistas han realizado manifestaciones y mítines en Chilpancingo, Acapulco y
el Distrito Federal, con la solidaridad activa de la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México; la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana, de Taxco, Guerrero; la Sección 22 (Oaxaca) del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y otras organizaciones sociales. Maestros,
estudiantes y otros núcleos populares han efectuado concentraciones y marchas en
Oaxaca, Ciudad Juárez, Morelia y otras ciudades en apoyo a los normalistas del
municipio de Tixtla, Guerrero.
La lucha siempre paga. Presionado por el movimiento estudiantil normalista,
las Organizaciones No Gubernamentales y la opinión pública democrática nacional
e internacional, Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de
Guerrero, aceptó las renuncias del procurador de Justicia, Alberto López Rosas;
el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de
Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, y el director de la Policía
Ministerial, Antonio Valenzuela Valdés, como consecuencia del asesinato de dos
estudiantes de Ayotzinapa, por parte de los cuerpos represivos del estado y la
Federación. Tales renuncias son positivas y constituyen un paso inicial para el
esclarecimiento del atropello antiestudiantil. Asimismo, fueron liberados todos
los detenidos, incluido un estudiante acusado, calumniosamente, de ir armado y
de disparar con un “cuerno de chivo”.
las Organizaciones No Gubernamentales y la opinión pública democrática nacional
e internacional, Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de
Guerrero, aceptó las renuncias del procurador de Justicia, Alberto López Rosas;
el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de
Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, y el director de la Policía
Ministerial, Antonio Valenzuela Valdés, como consecuencia del asesinato de dos
estudiantes de Ayotzinapa, por parte de los cuerpos represivos del estado y la
Federación. Tales renuncias son positivas y constituyen un paso inicial para el
esclarecimiento del atropello antiestudiantil. Asimismo, fueron liberados todos
los detenidos, incluido un estudiante acusado, calumniosamente, de ir armado y
de disparar con un “cuerno de chivo”.
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