GENOCIDIO MIGRANTE MUNDIAL: HEMOS EXPLICADO, DENUNCIADO, EXHIGIDO, MANIFESTADO, PROTESTADO, SUPLICADO.
MUY POCOS HACEN CASO.....!
En 2007, nuestro compañero Luis Ángel Nieto, quien venía de Los Ángeles, CA, donde había sido parte importante del movimiento de protesta de los latinomexicanos en California, inició, mochila en la espalda y en condiciones muy precarias, un recorrido desde El Salvador hasta el norte de México, con escalas en los mismos lugares que los propios migrantes, a fin de conocer y dar testimonio de lo que sucedía a través de la "Ruta Migrante". Su misión a partir de ese momento, fue la de hacer visible la barbarie a la que se enfrentan los migrantes en el camino. Denunció el desdén con el cual autoridades de todo tipo, incluyendo eclesiásticas, gubernamentales, diplomáticas, asistencialistas, etc., de México y de todos los países de tránsito, asumían el asunto como no prioritario en sus diferentes agendas. Su travesía lo llevó a vincularse con los familiares centroamericanos de los migrantes desaparecidos en tránsito y fue un coorganizador estratégico de las caravanas de madres hondureñas y salvadoreñas (2008-2009), quienes también recorren la ruta migrante buscando a sus hijos y familiares desaparecidos. A partir del 2007, entrevistó a todo tipo de autoridades intentando poner el tema en sus agendas: visitadores de la CNDH, funcionarios del INM, autoridades locales, reporteros, diplomáticos de AL en México, congresistas, etc. e involucró a todos sus amigos en la tarea de hacer visible lo invisible. Fue guía, chofer y anfitrión de reporteros de Los Ángeles Times, La Opinión, Reforma y otros, de donde surgieron los primeros reportajes acerca del secuestro, la trata, el tráfico de órganos, la extorsión, el atraco y maltrato; reportajes noticiosos que fueron aumentando en frecuencia e intensidad hasta llegar a este momento en el cual a nivel internacional se conoce la atrocidad de lo que sucede en México, la cual, como dice Oscar la nota que sigue abajo, tiene a todo el aparato gubernamental "sorprendido" y horrorizado. TODOS SABIAN, TODOS SON COMPLICES unos por omisión, otros por incapacidad y muchos por asociación delictiva.
Publicado por: Con Nuestra América
28 de Agosto de 2010
Nos vemos en la próxima masacre de migrantes
La masacre de San Fernando, allá a donde un migrante centroamericano llega tras más de 20 días de viaje, es solo un hecho más, uno impactante, pero nada más. La masacre de San Fernando, allá a donde un centroamericano llega tras haber abordado como polizón más de ocho trenes, era previsible. La masacre de los indocumentados en México empezó a principios de 2007.
Óscar Martínez * / www.elfaro.net
No comprendo la algarabía que se ha desatado por los 72 migrantes asesinados en México por Los Zetas. Supongo que se debe a la cantidad de cuerpos apiñados, a lo explícito de la imagen del rancho en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, casi en la frontera con Brownsville, Texas. Es un gusano de cadáveres que se enrolla recostado en la pared del galerón descascarado de ese monte en medio de la nada, allá por donde llega el caminito de tierra. Algunos cadáveres estaban atados de manos por la espalda. Otros yacen apiñados, unos sobre otros, en las partes donde el gusano se engorda. No comprendo la algarabía que se ha desatado por la masacre de tantos migrantes.
Los grandes medios de comunicación mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, hasta los estadounidenses, españoles y sudamericanos han utilizado sus portadas, sus páginas principales, sus noticiarios estelares para hablar de la masacre de migrantes en México. No comprendo la algarabía de tanto medio tan grande.
Los políticos, los de México, de Centroamérica, de Brasil, de Ecuador, han salido urgidos a sentarse en sus sillas de conferencia de prensa, ante aquellos medios, para luego salir en portada. Eso sí, no cualquier político. Son jefes de departamentos, de institutos, de organismos. Son, incluso, los mismísimos presidentes de esos países los que han dicho, como dijo el de México, que los autores de la masacre de San Fernando son unas “bestias”. No comprendo tanta algarabía de tanto político tan importante.
No lo comprendo porque las algarabías suelen explotar tras la sorpresa. No lo comprendo, y si me obligaran a intentarlo diría que fingen. Se están inventando esas caras serias, ese gesto seco. Están haciendo ostento de su tinta, de su tecnología, de su capacidad de contratar un servicio de noticias por cable.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas, cerca, muy, muy cerca de Estados Unidos, allá por donde los indocumentados casi han llegado, no es sorprendente. La masacre de San Fernando, allá a donde un migrante centroamericano llega tras más de 20 días de viaje, es solo un hecho más, uno impactante, pero nada más. La masacre de San Fernando, allá a donde un centroamericano llega tras haber abordado como polizón más de ocho trenes, era previsible. La masacre de los indocumentados en México empezó a principios de 2007.
Lo que empezó esta semana una vez más son las conferencias de prensa de los funcionarios compungidos. Lo que empezó esta semana son los grandes titulares de los medios que ni sabían dónde queda Tamaulipas ni qué diablos hace por aquellos lados un indocumentado centroamericano. Lo que empezó esta semana es el circo. Pero ese se acaba pronto. Ese no dura muchos años, ni muchos meses, ni siquiera muchas semanas.
Es mentira lo que dijo ayer [25 de agosto] Alejandro Poiré, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de México, el vocero en temas de crimen organizado. Dijo que en los últimos meses han recibido información de que algunas organizaciones de delincuentes participan en secuestros y extorsión de migrantes. Es mentira. Lo sabe hace mucho. Lo dijo el FBI a finales de 2007. Lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México a mediados del año pasado. Lo dijo bien claro. Su informe se titulaba “Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México”. Decía que cerca de 10 mil indocumentados, principalmente centroamericanos, habían sido secuestrados solo en los últimos seis meses. Decía también el nombre y apellido de esa “organización de delincuentes”. Se llaman Los Zetas, son una banda organizada que existe desde 1997, que fundó el Cártel del Golfo, que nació con militares de élite reclutados para entrenar sicarios. Decía también que las autoridades de municipios y estados mexicanos participaban en esos secuestros. Decía que ocurrían a la luz del día en municipios y estados que también tienen nombre: Tenosique, Tabasco, Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca, Veracruz, Ixtepec, Oaxaca, Saltillo, Coahuila, Reynosa, Nuevo Laredo, Tamaulipas. TAMAULIPAS. Es mentira que Poiré y aquellos de los que él es vocero lo sepan "hace unos meses". Unos pinches meses, diría un mexicano.
Es mentira, como dijo ayer Antonio Díaz, el coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración de México que en lo que va de 2010 han detectado alrededor de siete secuestros de migrantes por parte de organizaciones criminales. Es mentira, porque compartimos mesa el lunes 5 de julio a las 6 de la tarde en la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana. En esa mesa dijimos que mientras dábamos esa charla había migrantes secuestrados, y no siete, dijimos cientos. CIENTOS. Y él asintió.
Es mentira que estén consternados los funcionarios centroamericanos que se han pasado el día dando conferencias de prensa sobre la masacre. Y si esa consternación es verdadera, importa muy poco. Ellos también lo saben desde hace mucho. Ellos nos han citado a los miembros de El Faro que hicimos la cobertura de migración en México a reuniones con Cancillería de El Salvador y Guatemala, con funcionarios del Sistema de Integración Centroamericana y de otras dependencias. Y nosotros dijimos y presentamos documentos que hablan de cientos de secuestros que ocurren desde hace años en esos lugares que tienen nombre por esa organización de delincuentes que tienen nombre. LOS ZETAS. Les dijimos que era una crisis humanitaria, que era una masacre, que había que pronunciarse al más alto nivel y ellos, cuando nos estrecharon las manos y se despidieron, dijeron que nos creían, que de verdad nos creían y que estaban rabiosos, horrorizados.
Y ahora dirán, los de El Salvador al menos, que han instalado dos nuevos consulados. Eso sí es verdad. Uno está en Arriaga y el otro en Acayucan. Pero es mentira que crean que esa es la solución. No lo creen o fue mentira lo que nos dijeron. Dijeron que sí, que entendían nuestro argumento de que un consulado es más una oficina administrativa que una oficina para esos otros casos, los casos de masacre, de secuestros, de violaciones. Dijeron que también creían que era al más alto nivel que tenían que levantarse las voces, que esto no requería el grito de un vicecanciller de salvadoreños en el exterior, sino de un presidente, de varios presidentes que ven cómo sus migrantes son asesinados en el intento de llegar a Estados Unidos.
Es mentira tanto titular en tanto medio importante, porque no han enviado a nadie a poner sus ojos de forma permanente en esa masacre constante. Es mentira, porque siguen creyendo que la señora exitosa que abrió una pupusería en Los Ángeles merece el mismo espacio en sus páginas de migración que el que le dan a un secuestro, a unas violaciones, a unas mutilaciones. O más bien, a las conferencias de prensa donde se habla de esos secuestros, de esas violaciones, de esas mutilaciones. Porque cuando se trata de embarrar solo embarran de tinta sus portadas, nunca sus botas ni a sus reporteros, porque no quieren embarrar sus billeteras.
Si se embarraran, si salieran de sus conferencias, si dejaran de asentir cuando dicen que creen algo para luego no hacer nada. Si dejaran de mentir. Supieran que desde Tamaulipas Los Zetas controlan todo un sistema de secuestro de centroamericanos. Supieran que Los Zetas infiltran a centroamericanos en el tren para detectar a los migrantes que tienen familia en Estados Unidos, a esos a los que le sacan a tablazos los 500, 800, mil o hasta 5 mil dólares en secuestro exprés.
Supieran que en cada estaca (y supieran que estaca se le llama a los comandos de Los Zetas) hay un carnicero (y supieran que los carniceros son esos hombres que cortan en trocitos a los migrantes por los que nadie responde y que después los meten en un barril y los queman). Supieran que ranchos como el rancho de San Fernando hay decenas en México y que en muchos hay cadáveres enterrados. Supieran que en San Fernando no hay periodistas que hablen de Los Zetas (ni en Tenosique, ni en Medias Aguas, ni en Orizaba, ni en Tierra Blanca, ni en Saltillo, y supieran también dónde quedan estos lugares) porque los matan. Supieran que desde 2007 Los Zetas controlan desde Tamaulipas la ruta de los coyotes.
Supieran que el que no paga muere y que aunque no se vean los cadáveres ahí están.
Ustedes no están sorprendidos, nadie de ustedes. Ustedes han montado esta algarabía para parecer sorprendidos. Ustedes son unos mentirosos. A ustedes ya se les va a volver a olvidar una masacre que empezó en 2007. A ustedes solo hay una manera de despedirlos: nos vemos en la próxima masacre.
* Cronista de la sección En el camino, autor del libro “Los migrantes que no importan”.
Publicado por Con Nuestra América
Fuente: Revista Proceso
Edición 1765
29 de agosto de 2010
Seccion: Reporte Especial
José Gil Olmos
El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos.
Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.
No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.
En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.
Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.
En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.
Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.
En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.
Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.
La industria del secuestro
El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha.
Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.
No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero.
En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año” puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable.
De hecho, en lo que va de este año, el INM tiene contabilizado sólo en Tamaulipas el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país.
Los montos para liberar a migrantes van de mil 500 a 5 mil dólares. “Así –según el documento de la CNDH–, de los 9 mil 758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio de aproximadamente 25 millones de dólares” en seis meses.
Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno.
En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia.
Por esa frontera llegaron a territorio mexicano 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM.
De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte era de mujeres y niñas. De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año, el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992).
El visitador Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula La Bestia, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco.
De acuerdo con la investigación, 9 mil 194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas, 35 por representantes de alguna autoridad y 56 más por delincuentes coludidos con autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador y en 467 casos no fue posible precisar la información sobre los captores.
“De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”, agrega el documento.
Los investigadores también destacan que 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3 mil por bandas de secuestradores, aunque no lograron identificarlas, 427 por supuestos sicarios de Los Zetas y 44 por maras.
Del total de migrantes secuestrados, 6 mil 555 fueron confinados a casas de seguridad donde las condiciones higiénicas eran nulas; 2 mil 448 estuvieron en bodegas; 22 en un campamento;17 en patios; 10 en un hotel y dos en un vehículo.
Los testimonios de los migrantes coinciden en que sus captores ejercían violencia sobre ellos para someterlos. Entre otras agresiones, dicen, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Además, 37 relataron que vieron cuando los secuestradores violaban a mujeres y ejecutaron a varios de sus compañeros secuestrados.
Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la policía federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”.
En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que, en febrero de 2009, una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.
El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice.
La ruta de “La Bestia”
Durante la entrevista con Proceso, Fernando Batista Jiménez insiste en que el desdén de las autoridades y la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes es oprobioso. Y relata que, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno federal adoptar vías concretas para solucionar el problema. La respuesta fue descalificar el informe de la CNDH.
“Es un despropósito. Más que rechazar el informe (el gobierno) debería tomar medidas de solución a esta circunstancia (pero no lo hizo); ahora vemos esta tragedia (en Tamaulipas) que no tiene precedente”, sostiene el quinto visitador.
Batista Jiménez asegura que la CNDH ya inició una investigación sobre los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en el municipio de San Fernando. Dice que peritos y visitadores viajaron a esa región para asegurarse de que las autoridades cumplan con su deber e investiguen a fondo para sancionar a los responsables.
El visitador insiste: “Hemos dicho a las autoridades que tienen la responsabilidad de prevenir el delito y no lo han hecho; que ese tipo de casos no deben quedar en la impunidad; que se castigue a los responsables. Pero hasta ahora ni una ni otra cosa han hecho. (El INM) ni siquiera labor de prevención ha hecho”.
Sólo en marzo de 2007, la institución que dirige Cecilia Romero emitió una circular en la que establece como requisito para reconocer que un migrante ha sido víctima de un abuso que debe exhibir una prueba documental pública que lo acredite como tal. Pero eso supone haber presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial o contar con documental pública expedida por autoridad con facultades suficientes para ello. Y eso es casi imposible.
El motivo: La mayoría de los migrantes vejados opta por no presentar su denuncia; algunos sostienen que los agentes del INM están coludidos con las bandas criminales; otros ni siquiera saben que tienen el derecho de denunciar que fueron secuestrados.
Batista Jiménez sostiene que, a partir de la tragedia de San Fernando, “el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, tiene que poner una solución a esos sucesos cotidianos. Nosotros tenemos noticias diarias de ese tipo de sucesos, pero lamentablemente no vemos acciones concretas”.
Y aun cuando el multihomicidio de los 72 migrantes exhibe al gobierno mexicano en el extranjero, las autoridades no dan una respuesta efectiva en materia de procuración de justicia”, sostiene el visitador de la CNDH.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, condena la negligencia con que el Estado mexicano ha abordado el problema migratorio.
En entrevista con Proceso afirma: “En Chiapas los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran parte de una estrategia contrainsurgente; ahora, los asesinatos, secuestros y ultrajes a los indocumentados centroamericanos son parte de una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Ahora tenemos el colmo de 72 ejecuciones. Esa acción no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”.
Insiste: “Esos son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado, porque es responsable en la medida en que administra deshonestamente la política migratoria y expone a los indocumentados a la acción criminal. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios internacionales de derechos humanos”.
Ritos de muerte
Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos.
Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz.
Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.
“A mi compañera la mataron porque no tenía quien le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.”
Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua.
Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: Policias municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas. Las entregaron a Los Zetas, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta a Los Zetas. En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron.
Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados. Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta.
De acuerdo con el VI informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con Los Zetas, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”.
El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de Los Zetas tiene una casa detrás de la Estación Migratoria. Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando Los Zetas tienen balines (indocumentados que no tienen forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.
“La idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la empobrecida población transmigrante no pone en riesgo. Esta lógica, que criminaliza a migrantes en situación irregular, genera la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, pues hasta el momento ha impedido regular este fenómeno, el cual, ciertamente, no dejará de ocurrir”, expone el informe.
Para Raúl Vera los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha en contra de la delincuencia.
“Aquí no hay una declaración ni una acción firme del presidente. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen y nosotros padeciendo, y ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país. La muerte de los mexicanos y extranjeros”, afirma. (Con información de Homero Campa, Velia Jaramillo y Arturo Rodríguez) l
Fuente: Revista Proceso
Edición 1765
29 de agosto de 2010
Seccion: Reporte Especial
Óscar Martínez
Cuando decidió embarcarse en la riesgosa aventura periodística que implicaba ser un migrante más, Óscar Martínez, reportero del periódico digital salvadoreño elfaro.net, cayó en la cuenta de que la realidad que tenía ante sí era mucho más terrible de lo que sabía... En el azaroso viaje a bordo del tren al que los indocumentados llaman La Bestia, de pronto los machetes dieron paso a los fusiles de asalto; los refugios en el monte a las casas de seguridad; los asaltantes comunes a Los Zetas, y los robos a los secuestros... Con el permiso del autor, Proceso publica fragmentos de un capítulo de Los migrantes que no importan, libro de crónicas escrito por el propio Martínez bajo el sello de Icaria editorial. En la presentación del mismo, Julio Scherer García evoca de alguna manera la matanza de la semana pasada en Tamaulipas: “Los hechos que narra el libro tienen la contundencia inexcusable de la barbarie”.
Llovía en Tenosique cuando El Puma y sus cuatro pistoleros recorrían las vías del tren y exigían dinero a los migrantes que buscaban viajar como polizones (…) unos 300 indocumentados se amontonaban en las lodosas márgenes de los rieles.
El Puma es un hondureño de unos 35 años, con una nueve milímetros en el cinto y un fusil de asalto AK-47 colgado de su hombro. (…) “Trabaja para Los Zetas”, dicen los que se han topado con él. Para subir al tren hay que pagarle. Quien no paga no viaja. Quien se resiste se las ve con él, sus escoltas, sus machetes y sus ráfagas de plomo.
La mayoría pagó. Los que no tenían dinero se retiraron a pedir limosna al pueblo. El Puma pidió por radio al maquinista que parara y se acercó a darle su parte mientras los migrantes se acomodaban en el techo o en los balcones que hay entre vagón y vagón. En el del medio se ubicaron los cuatro polleros, guías para los indocumentados que pueden costeárselos, con unos 20 clientes.
(…) En Pénjamo (…) el viaje empezó a empeorar. José, un salvadoreño de 29 años, fue el primero en ver cómo ocho hombres aprovecharon la lenta marcha del ferrocarril para subir. “Tranquilos –dijeron al grupo de José–, nosotros también vamos para el norte”. Pero José concluyó que le habían mentido cuando vio que, tras descansar unos minutos, cuatro de ellos sacaron pistolas nueve milímetros, los otros cuatro desenfundaron sus machetes y todos se encajaron sus pasamontañas.
“Adiós”, dijeron. Dejaron en paz a los salvadoreños y saltaron al siguiente vagón para asaltar a sus ocupantes. Cuando los encapuchados llegaron al cajón de Arturo, un cocinero nicaragüense de 42 años, ya llevaban con ellos a dos muchachas que pretendían secuestrar. Arturo se fijó en una de ellas porque era de piel blanca. Le pareció bonita. A la otra no pudo verla bien.
(…) El siguiente vagón era el de los polleros. Hubo silencio durante unos minutos. Luego, balacera. Unos 15 minutos de detonaciones. Polleros contra asaltantes. Los polleros habían entregado dinero, pero se negaron a dejar la mujer que les pedían. Un cuerpo con pasamontañas cayó del tren que había disminuido su velocidad. Los demás bajaron a asistirlo, a pesar de que el hombre parecía muerto cuando rodó por el desnivel de las vías.
(…) La revancha fue en Palenque, unos 50 kilómetros al norte de Pénjamo. Cinco de los asaltantes volvieron por la migrante. Mataron a otro hondureño de nuevo en el vagón de Arturo. Sin razón alguna. Lo rajaron de un machetazo en el estómago y lo lanzaron del tren, mientras repelían el fuego de los polleros.
(…) Los asaltantes se movían rápido. Lograban adelantar en vehículos a un tren que va a unos 70 kilómetros por hora en los tramos deshabitados. Pero la marcha del ferrocarril no ayudó. Los motores se pararon en una zona conocida como La Aceitera, media hora después del segundo tiroteo. La oscuridad de la noche se interrumpía por la luz amarilla de los faroles del pueblo. La locomotora juntaba la nueva carga y el sonido de herrumbre completaba el ambiente. Todos los migrantes estaban de pie, volteando la cabeza, mirando hacia todas partes. Entonces se reanudó el intercambio de balas, los polleros cedieron el vagón y la muchacha en manos de los encapuchados, que se internaron con ella en el monte. El botín hizo que se confiaran y dieron la espalda al tren. Pero los polleros también saben arremeter: mataron a un segundo asaltante, recuperaron a la mujer, abordaron el ferrocarril antes de que acelerara y minutos después se bajaron con el grupo completo. Abandonaron el tren para buscar otra forma de seguir. Era obvio que los asaltantes volverían (…).
El otro negocio de “Los Zetas”
La historia del tren que partió de Tenosique es un libro de instrucciones para quien sepa leer entre líneas. En él se describen las claves que de un tiempo para acá han particularizado este tramo como la zona más caliente en medio de un recorrido total que nada tiene de amable.
Los defensores de los migrantes que viven en estos puntos de paso ruegan alarmados que alguien haga algo. Gesticulan, piden que se apaguen las grabadoras, que se guarden las cámaras, y describen lo que ahí todos saben: decenas de indocumentados centroamericanos son secuestrados a diario por Los Zetas y sus aliados, a plena luz del día, y son confinados en casas de seguridad cuya ubicación muchos conocen, incluidas las autoridades locales.
La lógica comercial es sencilla: más vale secuestrar durante unos días a 40 personas que paguen entre 300 y mil 500 dólares de rescate cada uno que a un gran empresario que entregue en un solo monto la misma suma, pero donde se corre el riesgo de llamar la atención de la prensa y de la policía. Autoridades nacionales como la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargada de la migración, admiten la gravedad del problema.
Estos son los secuestros que no importan. Estas son las víctimas que no denuncian. Estos son los secuestradores a los que nadie persigue. El gobierno mexicano en lo que va del año tiene registro de que 650 personas han sido raptadas. Pero ese es tan sólo el número de casos en los que alguien ha pedido ayuda. Un recorrido por la ruta convierte el dato lanzado por el gobierno en un mal relativo. No es una exageración afirmar que sólo en uno de los puntos de plagio de migrantes, en cualquiera, en un mes se rebasa la cifra oficial de secuestros de todo el país. En los primeros seis meses de 2009, personal de la CNDH visitó estas zonas y recogió testimonios de indocumentados secuestrados. Reunieron casi 10 mil de esos relatos de viva voz de quienes los sufrieron. La misma CNDH aseguró que si hubieran tenido más personal, la cifra se habría duplicado o triplicado.
(…) Del viaje del tren donde hubo cientos de asaltados, donde hubo al menos tres muertos y varios heridos y tres secuestrados no se escribió ni una letra en ningún periódico. Nunca llegó ni la policía ni la Fuerza Armada. Nadie ha puesto ninguna denuncia.
Tenosique, como punto de partida; Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca, Orizaba y Lechería como sitios neurálgicos, y Reynosa y Nuevo Laredo, fronterizas con Estados Unidos, como último peaje, componen la ruta de los secuestros. Todas, menos Lechería –donde el tren se desvía hacia el interior del país–, son ciudades cercanas a la costa atlántica, todas dentro del dominio de Los Zetas, según el mapa del crimen organizado trazado por la División Antinarcóticos de ese país.
En cadena descendente, desde los despachos en la capital mexicana hasta los albergues del sur, lo que pasa está dicho, para quien lo quiera escuchar. “La situación del migrante viene complicándose. Es alarmante. Se multiplican los testimonios de los secuestrados. Ocurre a plena luz del día, a grupos grandes. Llegan con armas, secuestran a algunos. El Estado mexicano es responsable de la integridad y la vida de quienes se encuentran en su territorio. Hemos hecho llamados enérgicos. Es increíble que esto siga pasando”, se queja Mauricio Farah, encargado de esa visitaduría. (…)
Coatzacoalcos
(…) Un grupo de migrantes sostiene junto a las literas una especie de reunión en la que el tema central es lo difícil que está la ruta debido a los secuestros. Unos relatan, otros solo observan con el interés del que escucha lo que le puede ocurrir. “A aquel compadre lo levantaron aquí y ahí va de vuelta, pero yo me quedo”, señala el hondureño a un hombre que descansa solo en la cama baja de un camarote. Se llama Pedro, tiene 27 años y también es hondureño. Se ve triste.
Cuenta que fue hace tres meses. Todo empezó aquí, en Coatzacoalcos, en una casa frente a las vías. Dice que fue un engaño bien orquestado. Asegura que lo intentará de nuevo porque no le queda de otra. Sugiere que el que tenga parientes en Estados Unidos no lo diga en el camino. A nadie. Nunca.
“Fue una señora a la que le dicen La Madre, que ofrece coyote que lo lleva a uno por 2.500 dólares. Así lo llevan engañado a uno hasta la frontera, Reynosa. Hasta ahí te tratan bien, pero ahí te secuestran. Ahí te amenazan con pistola, te agarran a golpes. Creo que son de Los Zetas. Me sacaron 800 dólares y 2 mil 500 a mi esposa. Y de ahí te sueltan. Un mes y 18 días me tuvieron ahí. Y los policías están con ellos”, dice, y vuelve a encogerse en la cama para ya no salir de su silencio.
Hay sitios donde se respira el miedo. Para un migrante Coatzacoalcos es uno de esos lugares. Un testimonio desencadena otro: “A mí me secuestraron en mi anterior intento”; “yo me escapé ayer de un secuestro”; “yo vi hace tres meses cómo levantaron a dos muchachas”. Esta mañana, del grupo de diez reunido junto a las literas han surgido siete historias de secuestros vividos en carne propia o como testigos.
Le cuento a Ortiz, el encargado de la CNDH, que en el cuarto contiguo hay muchas víctimas de secuestro, que incluso hay gente raptada a unas cuantas cuadras, en alguna casa de la marginal por la que serpean las vías. No se sorprende, aunque habla con contundencia. Es su pan de cada día.
–El dominio de las bandas organizadas –dice Ortiz– ha incrementado, por decir, un 200%. Tenemos muchas denuncias, el modus operandi es igual aquí que en Tierra Blanca. Hay secuestradores que van y cobran hasta 15 rescates, lo que me hace pensar que las compañías de remesas saben a quién le pagan, no es posible que alguien vaya por 30 envíos. Y hemos tenido casos fidedignos donde los policías municipales han detenido a un migrante y lo entregan a los delincuentes.
–Tengo tres testimonios –le cuento– donde alguien que fue secuestrado asegura que de su grupo alguno se escapó y que al volver, muy golpeado, les dijo que venía de denunciar a la policía local que en la casa quedaban migrantes, y que la policía los llevó a entregarlos a los secuestradores.
–Sí, si ya no es cuestión de omisión. Nosotros sabemos que los entregan, no hemos escuchado de esa mecánica de que los devuelven, pero eso es lo de menos, hay coparticipación. Con los cónsules de El Salvador y Honduras en Veracruz y el delegado del INM hemos estado reunidos con el presidente municipal de Tierra Blanca, y es común que nos desconozca el hecho, y hay malestar cuando hablamos de casos de secuestrados. De hecho, al mes siguiente de que me dijeran que eso no pasaba, hace un mes, el Ejército incursionó en una casa de seguridad y rescató a 28. Desde hace unos meses actúan a la luz del día, haya o no presencia de la autoridad, eso no los inhibe. Hay migrantes que nos han dicho: “¡Iba pasando la patrulla, voltearon, vieron cómo nos tenían apuntados con pistolas, en el piso, y siguieron de frente!”. ¡Es un hecho real, hay testigos que han visto hasta a 100 personas en la misma casa! Todos los vecinos le pueden decir cómo es el modus operandi, todos lo han visto, y nadie dice nada. ¡No pasa nada! Va a seguir pasando a los que vengan. Nadie nos quiere oír.
Erving Ortiz, el cónsul salvadoreño en Veracruz, denunció en agosto de este año que “unos 40 indocumentados son secuestrados cada semana” en todo el estado. Lo hizo luego de que el Ejército incursionara en la casa de seguridad de Coatzacoalcos. Esta vez los dos periódicos más influyentes del país, Reforma y El Universal, lo publicaron.
Intento por décima vez contactar al presidente municipal de Tierra Blanca, Alfredo Osorio, pero nunca contesta. Su secretario particular, Rafael Pérez, me prometió unos minutos al teléfono para hoy, pero ya no responde su celular. En la alcaldía, una secretaria contesta el teléfono y asegura que ambos funcionarios estarán fuera una semana. Marco al despacho de prensa del INM y me contesta la misma encargada que lleva cinco días diciéndome que busca al funcionario ideal para hablar sobre los secuestros. Sin embargo, hoy actúa como el secretario de Osorio y me dice que la persona indicada –de quien nunca supe el nombre– está fuera del trabajo y lo estará varios días. Dice que no sabe cuándo volverá. Mientras, varios continúan secuestrados a unas cuadras de donde marco los números del presidente municipal y el INM. Es tan cotidiano que no necesito hablar con ellos para estar seguro de que si fueran honestos y hubieran aceptado mis llamadas, tendrían que haber contestado con un rotundo sí a mi pregunta: ¿saben que aquí se secuestra de forma sistemática a migrantes?
El 4 de abril de este año, la jefa del INM, Cecilia Romero, recibió el mismo documento que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Era un documento de 40 páginas, y su segundo capítulo se titulaba “Secuestros y crimen organizado”. Contenía una explicación general de lo que ocurre y tres testimonios de víctimas. Lo envió Leticia Gutiérrez, directora de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, organismo de la Iglesia católica que coordina 35 albergues del país, entre ellos los de Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Reynosa. Los destinatarios nunca respondieron.
La pregunta oculta en las palabras del cónsul Ortiz es evidente: ¿cómo es posible que siga pasando algo que conocen los alcaldes, los países de origen, los medios de comunicación, el Estado mexicano y hasta el gobierno de Estados Unidos?
Fuente: Revista Proceso
Edición 1765
29 de agosto de 2010
Seccion: Reporte Especial
Arturo Rodríguez García
La “Ruta del Atlántico”, la que transitan los migrantes centro y sudamericanos a través de México en su afán de llegar a Estados Unidos, está sembrada de cuerpos descuartizados y quemados por Los Zetas.
Mujeres violadas, esclavizadas como sirvientes de criminales, explotadas sexualmente, ultrajadas igual que cientos de niños que, en el mejor de los casos, son forzados a trabajar; hombres que mueren durante su secuestro porque no tienen un familiar que compre su libertad… son casos que se multiplican y que las autoridades conocían incluso antes de la matanza de San Fernando, Tamaulipas.
Óscar Martínez, reportero del periódico digital elfaro.net y de los proyectos Los Migrantes que no importan y En el camino, afirma que ninguna autoridad mexicana puede decir que desconocía lo que ocurre en la Ruta del Atlántico, que ha sembrado de cadáveres ranchos, parajes y caminos, y que ha vuelto a México un enorme cementerio de migrantes.
La matanza de 72 migrantes ocurrida en Tamaulipas el pasado 25 de agosto, dice Martínez, es apenas un caso que se convirtió en alerta porque se hizo público y se encontraron los cuerpos; pero agrega que podría haber muchos más cementerios clandestinos a lo largo del país.
A partir de 2007 –cuando Los Zetas se apoderaron del tráfico de indocumentados y sustituyeron a los viejos polleros– las denuncias por agresiones, asesinatos, violaciones y secuestros han sido documentadas por los periodistas de elfaro, quienes recorrieron la ruta de los migrantes en un trayecto que, de acuerdo con Martínez, se ha vuelto una tragedia humanitaria.
Mientras el gobierno mexicano permanece indiferente a los crímenes contra migrantes, “los gobiernos centroamericanos jamás han hecho una condena por el secuestro, la violación y el asesinato de sus ciudadanos. Lo que les importa es que vuelvan en forma de remesa, en forma de televisor”.
El caso de San Fernando revela que México está plagado de cementerios, pero también “de testigos, de migrantes que fueron liberados luego de que sus familias pagaron un rescate y que necesitan contar lo que les ha pasado; sólo falta que alguien vaya y se los pregunte”.
El entrevistado cita los informes de la ONU y del FBI, que desde 2007 concluyeron que el tráfico de migrantes se volvió monopolio de Los Zetas.
Con toda esa información, asegura, ya es tiempo de que el gobierno mexicano hubiera hecho algo.
Fosa nacional
Desechos humanos, los migrantes que no tienen familiares que paguen su rescate son exterminados.
En el documental En tierra de nadie, de Marcela Zamora, se dio a conocer la entrevista con una salvadoreña que fue secuestrada y obligada a trabajar como cocinera en una “estaca” de Los Zetas.
Las estacas, reveló la mujer, son células de ese grupo criminal formadas por los soldados, encargados de secuestrar y asesinar. Siguen los “alfa”, que son los jefes de cada estaca y cada una cuenta con un carnicero, que es el encargado de descuartizar e incinerar los cuerpos de las víctimas.
El procedimiento –descrito ya en los informes forenses relativos a cinco fosas clandestinas localizadas en el último año entre Coahuila y Nuevo León– consiste en asesinar, descuartizar y quemar en un tambo a las víctimas (Proceso 1761).
“No es que esa estaca funcionara así, sino que en cada una hay un funcionario que se llama ‘carnicero’. En México hay una masacre cotidiana que se inició en 2007 o quizás antes, y desde entonces no ha parado”, dice Óscar Martínez.
El periodista salvadoreño asegura que bastaría hacer excavaciones en los ranchos y casas de seguridad donde han sido liberados migrantes secuestrados para, con seguridad, hallar panteones improvisados en sus alrededores.
Por ejemplo, el 6 de enero de 2009, en Reynosa, Tamaulipas, el Ejército tomó una casa de seguridad donde estaban secuestrados 188 indocumentados. Los migrantes aseguraron que habían pasado puestos de control militar y migratorio hasta llegar ahí.
Martínez apunta que como en ese caso, en el último año y medio han liberado a migrantes en Piedra Blanca, Medias Aguas y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en Tenosique y Gregorio Méndez, Tabasco.
Subraya que en la mayoría de las liberaciones de secuestrados la actuación gubernamental se inicia con la denuncia de un migrante que logró escapar, pero no por una tarea de investigación.
Concentrado en detalles que el gobierno mexicano pasa por alto y que podrían arrojar luz sobre lo que ocurrió en San Fernando (como el hecho de que los migrantes viajaban en autobús), Martínez agrega que no hay referente de una matanza así.
“Creemos que en muchos ranchos de México debe haber más cadáveres. Los Zetas entierran en los mismos ranchos o en terrenos aledaños; lo que no entendemos es por qué esta vez no los enterraron, tal vez porque los sorprendió la Marina, pero en un lugar como ese tienen todo el tiempo que quieran… es un caso terrible: Los Zetas siembran México de migrantes.”
Insiste en que este es apenas un caso y agrega: “Que desentierren con peritos los ranchos donde han encontrado migrantes y se darán cuenta de que hay varias decenas de miles de cadáveres”.
Despacho central
En su paso por México, los migrantes enfrentan numerosos peligros desde la frontera sur hasta la norte, atravesando unos 10 estados con puntos clave para el secuestro. Para Óscar Martínez no es extraño que la matanza haya ocurrido en Tamaulipas, ya que ese estado podría considerarse “el despacho central de Los Zetas” para el secuestro y la trata de personas, con fines de explotación sexual en el caso de mujeres y niños.
Región de viejos polleros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en 2008 que éstos pagaban al grupo criminal cuotas de unos 10 mil dólares semanales y que por cada secuestro se cobran de 350 a 500 dólares a familiares en Estados Unidos.
San Fernando colinda al norte con los municipios fronterizos de Matamoros y Río Bravo y al este con el Golfo de México. La región tiene legendarias bandas de polleros que ahora están al servicio de Los Zetas.
De acuerdo con Martínez, los jefes de las bandas de polleros son ampliamente conocidos y hasta míticos. En Matamoros opera Don Fito, en Nuevo Laredo están El Abuelo y su hijo y en Piedras Negras, Coahuila, un sujeto apodado El Borrado. Pero también hay polleros en el sur, como El Borrego, en Tierra Blanca, Veracruz.
La ruta migratoria controlada por Los Zetas funciona con la complicidad de gobiernos y policías municipales, guardias y trabajadores del ferrocarril e inclusive de migrantes secuestrados a los que convencen u obligan a trabajar con el crimen organizado y que viajan como espías a través de la ruta atlántica.
Empiezan en Tenosique, Tabasco, donde ya van secuestrados o lo serán, porque los maquinistas forman parte de la red; el tren viaja por Veracruz a Coatzcoalcos, pasa por Tierra Blanca y Orizaba y llega a Medias Aguas, uno de los puntos con mayor índice de secuestros, porque ahí las vías se juntan con las del tren que viene de Chiapas y Oaxaca.
Sigue por Lechería, sitio peligroso, y llega a Tultitlán, en el Estado de México, donde también hay numerosos secuestros pues ahí se unen las vías a Tijuana y a Saltillo; éste es considerado uno de los puntos más riesgosos y es punto de partida a Nuevo Laredo o a Piedras Negras.
En un mapa, la Ruta del Atlántico es una “S”, “una S de Zetas”, dice.
Según Óscar Martínez, a lo largo del trayecto los policías actúan coludidos con Los Zetas, para quienes detienen a los indocumentados.
“En México la ruta de los migrantes son Los Zetas. No es el gobierno ni el alcalde ni el gobernador, son Los Zetas. Ellos encierran a la luz del día, cobran rescates, para ellos trabajan las autoridades”, dice.
El control de Los Zetas es tan grande que infiltran los albergues y tienen espías entre los grupos de migrantes que viajan desde Tenosique y Arriaga. Se ganan la confianza, indagan historias personales y luego pasan la información para determinar quiénes son candidatos a secuestro o si viajan con un pollero que no está alineado con el grupo criminal; en ocasiones se han desatado enfrentamientos de varios días entre traficantes de personas y zetas.
Además, las mujeres son víctimas de un secuestro selectivo para fines de explotación sexual, destinándolas a los prostíbulos que tienen bajo su control en Ciudad Hidalgo y Tapachula.
El abandono
Para Óscar Martínez lo que ocurre en México a un indocumentado es infinitamente peor a lo que le podría pasar en Estados Unidos, donde las condiciones laborales son injustas y hay persecución de las autoridades que, pese a ser xenofóbicas son legales.
“Siempre el lobo del cuento migratorio se ha dicho que es la Border Patrol, pero ellos están lejos, sólo los detienen y no es ni la mitad de corrupta que el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y municipales. Lo de allá es grave, pero aquí hay una crisis humanitaria, una masacre.”
La omisión de los gobiernos centroamericanos y la responsabilidad del gobierno mexicano en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes llega al extremo de no poder identificar desaparecidos ni contrastar códigos genéticos y un servicio consular que no funciona, pues sólo tiene oficinas administrativas, sostiene.
Así en todos los apartados relacionados con la tragedia humanitaria, cuando viajan a México o a Estados Unidos los presidentes de los países expulsores sólo abordan cuestiones económicas y jamás la migración ni mucho menos denuncian que están violando a sus mujeres y matando a sus hombres.
Por la omisión Óscar Martínez considera que los riesgos son graves, pues aunque en la Ruta del Atlántico sólo en Nuevo Laredo se han registrado casos de migrantes forzados a cruzar droga, en Sonora los burreros del cártel de Sinaloa detienen con frecuencia a los polleros y los obligan a pasar paquetes de 20 o 30 kilos de mariguana.
“El monopolio del secuestro de migrantes es de Los Zetas. Pero las dinámicas en México pueden repetirse y si todos los cárteles tienen bajo su dominio el tráfico de migrantes, el problema será mayor. Lamentablemente con todo lo que las autoridades mexicanas saben ya es tiempo de que hubieran hecho algo”, concluye
Marta Sánchez Soler
Movimiento Migrante Mesoaméricano
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Hasta la Victoria Siempre...!!
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