La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por los presos políticos mapuches de las cárceles de Concepción y Temuco, a la que se sumaron en pocos días otros pu weichafe (guerreros) recluidos en los presidios de Angol, Lebu y Valdivia, hasta totalizar más de una treintena de hombres resueltos a los más grandes sacrificios por lograr su libertad y la de su pueblo, ha puesto a prueba a todos los sectores sociales y políticos de Chile.
Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de comunicación, el gran empresariado, los partidos sistémicos y los aparatos de Estado, esta huelga constituya un “no acontecimiento” y por ende se silencie (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto que el cerco mediático tendido por los consorcios que controlan los medios de información, especialmente la TV y la prensa escrita de tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia, tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social deberían hacer oír sus voces de manera potente. Esto no ha ocurrido. Sólo los medios de información “alternativos”, dos o tres radioemisoras de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios, unas cuantas organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja (especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las excepciones que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado pueblo chileno.
Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de comunicación, el gran empresariado, los partidos sistémicos y los aparatos de Estado, esta huelga constituya un “no acontecimiento” y por ende se silencie (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto que el cerco mediático tendido por los consorcios que controlan los medios de información, especialmente la TV y la prensa escrita de tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia, tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social deberían hacer oír sus voces de manera potente. Esto no ha ocurrido. Sólo los medios de información “alternativos”, dos o tres radioemisoras de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios, unas cuantas organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja (especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las excepciones que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado pueblo chileno.
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