Abogados de mineros piden la intervención inmediata de CIDH
Legisladores de PRD y PRI y defensores de DH repudian la toma de la mina por parte de la policía federal.
Alfredo Méndez, Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Gabriel León Zaragoza
México, DF. Ante el desalojo de trabajadores en huelga en Cananea, abogados del sindicato minero solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención inmediata para que dicte medidas de protección a los obreros.
A su vez, legisladores de PRD, PRI y defensores de derechos humanos, así como el sindicato de trabajadores del acero de Estados Unidos (USW, por sus siglas en inglés), reprobaron la acción del gobierno federal.
Se ampliará la queja ante la CIDH para fortalecer la petición de “medidas cautelares” a favor de los trabajadores, porque se trata de un desalojo “ilegal” que viola los derechos laborales de los mineros, indicaron los abogados.
“Es claro que esta acción de desalojo es una afrenta al derecho de huelga de los trabajadores mineros. Estamos frente una bomba de tiempo que el gobierno (calderonista) no ha desactivado y que puede desembocar en un conflicto social violento, porque todo el pueblo de Cananea está con los mineros. Por eso estamos pidiendo la intervención inmediata de la CIDH, para que dicte medidas cautelares”, indicó el penalista Marco Del Toro.
Legisladores cuestionan
Por su parte, diputados del PRI y del PRD cuestionaron la intervención de la Policía Federal para recuperar la mina de Cananea, y advirtieron del riesgo de una confrontación mayor y de agresiones contra los trabajadores.
El presidente de la comisión especial para dar seguimiento al conflicto, Ernesto Pompa (PRI) convocó de manera urgente a los integrantes de esa instancia, para analizar la agresión contra los mineros. El diputado Ramón Jiménez (PRD) insistió en que una solución efectiva al problema pasa por cancelar la concesión a Grupo México y reabrir la mina con otra empresa.
Asimismo, el senador del PRD, Arturo Núñez, presidente del grupo especial de trabajo del Senado para el seguimiento de Minera Cananea, consideró que el desalojo no es la vía para solucionar los conflictos.
Aseveró que “el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el día que compareció en el Senado junto con el titular del Trabajo, se comprometió a que no habría desalojo violento, dijo que sería negociado pero con esta acción tratan de encubrir de lo que se trata, la conculcación del derecho de huelga porque dicen que fueron a cumplir órdenes de aprehensión.
Por su parte, el panista Javier Castelo dijo que “hay que ver esto positivo, no fue un desalojo, la huelga ya no existía, todos los tribunales resolvieron en su contra, lo que se trató fue de recuperar la empresa para generar empleos”.
En tanto, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, dijo que el gobierno muestra que defiende los intereses económicos y no protege a los trabajadores. “El desalojo en Cananea y en Pasta de Conchos muestra que el gobierno ha optado por la fuerza, su discurso de Estado de Derecho es un discurso hueco porque en realidad tiene prácticas autoritarias”.
De igual modo, Adrián Ramírez, de la Limeddh dijo que “el Estado utiliza la fuerza para resolver conflictos y se empecina en utilizar las acciones represivas en contra de los trabajadores y a favor de las empresas”.
Con ellos coincidió la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, quien consideró muy grave que el gobierno en lugar de diálogo recurra a la fuerza. “Confirma la propuesta que ha ofrecido siempre. La fuerza y la represión contra los trabajadores”, sostuvo.
Calderón lanzó reinado de terror
Tras condenar el desalojo, el sindicato de trabajadores del acero de Estados Unidos (USW, por sus siglas en inglés) pidió al Congreso estadunidense que “paralice cualquier entrega de fondos para las fuerzas de seguridad mexicanas que son utilizadas para atacar a los trabajadores que están ejerciendo su libertad de asociación".
"El presidente de México, Felipe Calderón, lanzó un reinado de terror contra los trabajadores", denunció a través de un comunicado el presidente internacional de la USW, Leo W. Gerard.
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